La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó en un comunicado que, desde 1998, seis miembros de la familia Barrios fueron asesinados, y al menos en cinco de los casos se trató de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por policías del Estado Aragua.
La Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos (CorteIDH) le han dado seguimiento a esta situación mediante todas las acciones correspondientes, pero el Estado de Venezuela no adoptó las medidas necesarias para proteger la vida de los miembros de esta familia, que continúa siendo víctima de asesinatos, detenciones, allanamientos, amenazas y hostigamientos, denunció la Comisión.
En concreto, se han enviado solicitudes de información, emitido medidas cautelares y medidas provisionales, elaborado informes y que la CIDH enviado una demanda a la Corte sin que Caracas respondiera a las peticiones y acciones jurídicas.
El Estado venezolano tampoco ha ordenado investigaciones efectivas sobre estos crímenes, que permanecen en la impunidad, lamentó la CIDH.
El 1 de septiembre de este año fue asesinado Wilmer José Flores Barrios, de aproximadamente 19 años de edad.
Entre 1998 y 2009 fueron asesinados su hermano Rigoberto, de 15 años; su primo Oscar, de 22 años; y sus tíos Benito, Narciso y Luis.
Benito y Narciso Barrios fueron ejecutados extrajudicialmente por la policía de Aragua, y la CIDH determinó en el procesamiento de este caso que hay elementos suficientes para inferir que lo mismo ocurrió con Luis, Rigoberto y Oscar Barrios.
La Comisión solicitó a Venezuela que adoptara las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad de los miembros de la familia Barrios, pero el Estado nunca las implementó.
Asimismo, las medidas de protección ordenadas por la CorteIDH en noviembre 2004 tampoco fueron aplicadas por el Estado y otros tres miembros de la familia fueron sido asesinados.
En su resolución del 4 de febrero de este año, la CorteIDH se refirió al 'incumplimiento por parte del Estado de las medidas ordenadas por la Corte' y calificó la situación como 'de extrema gravedad y urgencia, que pone en grave riesgo la vida y la integridad' de los miembros de la familia.
La CIDH considera de 'suma gravedad' que el Estado de Venezuela no haya dispuesto medidas efectivas de protección, a pesar de que por lo menos desde el año 2004 ha tenido pleno conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales que comenzaron a perpetrarse contra miembros de la familia Barrios.
Recordó que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables.
Asimismo, reiteró una vez más su llamamiento al Estado de Venezuela para que adopte inmediatamente y urgentemente las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los miembros sobrevivientes de esta familia.
- Terra
