Varias horas después de que fuera suspendida la perforación del túnel, a través del cual se espera rescatar a los 33 mineros que se encuentran atrapados, ha sido reanudada.La presencia de una falla geológica ha obligado a reforzar las paredes del túnel.
Tras la reanudación de los trabajos de perforación, el túnel ha sobrepasado los 30 metros de profundidad. Éste tendrá que llegar hasta el refugio a 700 metros bajo tierra donde se encuentran atrapados los mineros desde hace 27 días.
"Estas son fallas menores y no suponen un problema porque pueden ser tratadas adecuadamente", ha declarado el jefe de las labores de rescate, André Sougarret, tras la suspensión de los trabajos de perforación. Sougarret no descartó que este problema vuelva a ocurrir más adelante en las labores de rescate.
Primeras complicaciones
La máquina encargada de realizar las excavaciones, Strata 950, fue detenida cuando ya había alcanzado los 25 metros de profundidad en el interior de la mina. Sougarret señaló que lo ocurrido era previsible y que ya se ha comenzado a reforzar con cemento las paredes el yacimiento.
El ingeniero Miguel Fort, especialista en derrumbes que participa en las tareas de rescate, explicó en declaraciones al diario 'Emol' que se está diseñando un sistema de amortiguación para la pared del conducto. Los mineros se encuentran atrapados a 668 metros de profundidad desde el pasado 5 de agosto.
Junta de acreedores de la mina
Los dueños de la minera San Esteban, propietaria del yacimiento de San José han solicitado este miércoles la convocatoria de una junta de acreedores para determinar la viabilidad de la empresa en un proceso que podría concluir con su quiebra.
Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, dueños de San Esteban, han presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago un escrito en el que demandan la creación de dicha junta además de la realización de "un estudio de los antecedentes legales, contables, económicos y financieros" de la compañía para determinar si es viable o si, por el contrario, debe declararse en quiebra.
La delicada situación de la minera, que actualmente solo mantiene activo el yacimiento de San José, que podría quedar clausurado, pone en peligro el pago de los sueldos de sus 134 trabajadores, así como de las indemnizaciones a los 33 mineros atrapados y del coste de las tareas de rescate de los mismos que, de momento, ha asumido el Gobierno chileno.