En el texto reclaman que una denuncia por malos tratos no implique que se descarte la custodia compartida sin esperar al juicio ni a la sentencia -como prevé la ley- pues va 'contra la presunción de inocencia' y constituye 'el origen de la proliferación de denuncias falsas'.
Para los firmantes la nueva legislación civil fruto del encaje de la Ley Integral de Violencia de Género 'conlleva una falta evidente de garantías procesales y una pérdida de derechos fundamentales en la ciudadanía, especialmente en el caso de los hombres, pero también de las mujeres'.
En esa línea, se afirma que la ley aprobada por el gobierno para dar respuesta a la violencia doméstica tiene 'una clara inspiración totalitaria'.
En otro punto se denuncia que 'en España se mezclan intencionadamente los conceptos de violencia doméstica y violencia de género, se manipulan las estadísticas y no se permite el acceso a los hombres a las políticas llamadas de género'.
Finalmente, apuntan 'observar con estupor' cómo la presidencia española 'pretende aprovechar su momento para generalizar a Europa políticas llamadas de género' que, según la carta, 'se han demostrado claramente contraproducentes, discriminatorias y lesivas para los Derechos Humanos'.
Las federaciones, que no descartan interponer un recurso ante el Tribunal General de Justicia de la UE, han remitido una copia a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo para que abra una investigación.