El fiscal Federico Delgado envió un informe a la jueza María Servini de Cubría, de la Cámara Federal argentina, en el que rechaza la apertura de una causa judicial por la querella presentada el pasado 14 de abril por familiares de víctimas de la dictadura franquista.
La postura del fiscal no ha impedido que hoy mismo se amplíe la demanda presentada a mediados de abril en Buenos Aires con 16 nuevos casos de víctimas gallegas del franquismo.
En su informe, el fiscal reconoce el principio de 'justicia universal' que ampara la investigación de los crímenes de lesa humanidad, pero considera 'ilegal' el inicio de un proceso en Argentina porque, en su criterio, ya se está desarrollando en tribunales españoles.
'Iniciar un proceso en Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una ilegalidad mayor. Eso es incompatible con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos', sostuvo.
Según Delgado, 'existen numerosos tribunales (españoles) que se encuentran investigando en la actualidad los crímenes del franquismo'.
La recomendación del fiscal ha caído como un jarro de agua fría entre los abogados de los querellantes y las organizaciones de Derechos Humanos, que insistieron hoy en que el informe no es vinculante y esperan que la jueza Servini de Cubría termine por aceptar la apertura de la causa en Argentina.
'Nosotros no compartimos la opinión del fiscal de que se están investigando estos crímenes en España. No se está investigando y los mismos que no quieren investigar son los que quieren llevar a juicio al juez Baltasar Garzón', afirmó a Efe el abogado Ricardo Huñis, representante de los querellantes.
En este caso, explicó, 'es necesario aplicar tanto el principio de jurisdicción universal como de concurrencia, que supone que aún abierto algún proceso en España, al tratarse de delitos de lesa humanidad, cualquier país puede asumir competencias e investigar'.
El abogado Carlos Zamorano, de la Liga argentina de Derechos Humanos, subrayó que la jueza toma su decisión independientemente del informe del fiscal y, si decidiera rechazar la causa, la defensa podría apelar.
'Si no somos solidarios para investigar la violación de los derechos humanos, qué nos queda en adelante', se preguntó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, quien recordó que el juicio de Baltasar Garzón contra represores de la dictadura argentina (1976-1983) abrió las esperanzas de las víctimas, cuando en su país la Justicia rechazaba procesar a los culpables de la desaparición de 30.000 personas.
'Tenemos que asumir el compromiso como ciudadanos, no podemos admitir la impunidad en ningún país del mundo', agregó Cortiñas.
La jueza Servini de Cubría, que debe pronunciarse en los próximos días sobre la demanda presentada el pasado 14 de abril, ha mantenido hasta ahora un absoluto silencio sobre la causa.
Fuentes judiciales consultadas con Efe coincidieron en que el informe negativo del fiscal constituye un 'muy mal precedente' para la posible apertura de la causa.
Recordaron también que Servini de Cubría, de 73 años, es una jueza de alto perfil y con una trayectoria de compromiso con los Derechos Humanos.
La magistrada mantiene una sólida relación con Abuelas de Plaza de Mayo y ha participado en la investigación de importantes procesos en Argentina, como el asesinato en Buenos Aires, en 1974, del general Carlos Prats, jefe del Ejército chileno, y de su esposa, por agentes de la policía secreta de la dictadura de Pinochet (1973-1990).
La demanda de las víctimas del franquismo se fundamenta en el principio de 'jurisdicción universal' para juzgar crímenes de lesa humanidad contemplado en la Constitución argentina y consagrado en el Derecho Internacional.
La querella solicita a la Cámara Federal de Buenos Aires que recabe datos sobre miembros de los gobiernos españoles entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, así como de los mandos de las Fuerzas Armadas, Policía, Guardia Civil y dirigentes de Falange Española.