Los cinco miembros de la comisión especial aprobaron por unanimidad la apertura de un juicio político que puede permitir que el Legislativo regional despoje a Arruda de su mandato como gobernador.
Pese a que está detenido en una celda policial desde el 11 de febrero pasado acusado de liderar una red de corrupción que incluye a numerosas autoridades de Brasilia y a que fue presionado a renunciar al partido Demócratas, Arruda no ha renunciado a su mandato como gobernador.
El cargo fue asumido inicialmente por el vicegobernador de Brasilia, Paulo Octavio Alves, quien renunció al cargo hace tres días igualmente presionado por el escándalo de corrupción y luego de que varios partidos le retiraran apoyo al gobierno regional.
La gobernación de Brasilia está siendo ejercida actualmente en forma interina por el presidente de la Asamblea Legislativa, Wilson Lima, otro aliado de Arruda.
El escándalo que tiene acéfala a la capital de Brasil comenzó en noviembre pasado, cuando la policía divulgó vídeos grabados secretamente y en que un secretario de la gobernación aparece repartiendo gruesos fajos de dinero entre diferentes autoridades, incluso Arruda.
En las imágenes aparecen diferentes diputados regionales, entre los cuales varios que tendrán voto en el juicio político contra el gobernador, guardándose el dinero entre la ropa interior, y algunos hasta rezando para agradecerle a Dios por los favores recibidos.
De acuerdo con la policía, los recursos distribuidos son comisiones ilegales pagadas por empresas que se favorecieron con contratos con la gobernación de Brasilia.
El relator del informe aprobado hoy y que recomienda la apertura del juicio político, diputado socialista Chico Leite, acusa a Arruda de diferentes irregularidades contra el libre ejercicio de los poderes, la probidad en la administración pública y el empleo adecuado de los recursos públicos.
'Los indicios son suficientes para que esta Casa instaure la investigación por crímenes de responsabilidad. La ley deja claro que los crímenes políticos son mucho más graves que los practicados por ciudadanos comunes', según el informe.
'Si del ciudadano común se exige que respete los bienes públicos y que evite actos que violen los derechos ajenos, mucho más tiene que ser exigido de un gobernador', agrega.
El informe tendrá que ser aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa el próximo martes para que el juicio pueda ser iniciado.
Tras la aprobación del juicio político por la mayoría de los 24 diputados, el gobernador será notificado y tendrá 20 días útiles para presentar su defensa.
Pese a los vídeos que comprometen al gobernador, el Superior Tribunal de Justicia apenas ordenó su arresto luego de que la policía demostró con nuevos vídeos que Arruda estaba intentando comprar el silencio de los testigos en el proceso.
Tras el escándalo, la fiscalía pidió que Brasilia sea objeto de una 'intervención federal', lo que supondría la destitución de Arruda y su reemplazo por un funcionario nombrado directamente por el gobierno nacional.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que ha manifestado su 'preocupación' por el caso, alega que apenas ordenará la intervención si la justicia lo recomienda.
- Terra
