Esas son las principales conclusiones de la Misión, integrada por organizaciones no gubernamentales (ONG) de siete países como EEUU, Canadá, Reino Unido, Alemania y México, que hoy presentó en Bogotá su informe preliminar tras concluir una gira de supervisión preelectoral por varios departamentos colombianos.
'Aspirantes a la Cámara y el Senado han asistido a reuniones con los beneficiarios en las que se ha señalado que si no votan por ellos y por el candidato a la Presidencia por el Partido de la U (en el poder con Alvaro Uribe) los subsidios que reciben del presidente se acabarán', subraya el documento.
Además del Partido Social de la Unidad Nacional o de 'la U' constituyen la coalición gubernamental el Conservador, Alas Colombia y Convergencia Ciudadana.
La directora de la ONG Programa de las Américas para el Centro de Política Internacional, Laura Carlsen, con sede en México, dijo en la rueda de prensa que durante la gira esta misión escuchó de las personas entrevistadas que los candidatos de los partidos del Gobierno utilizan los subsidios para coaccionar el voto.
'Llegan a los barrios pobres y les dicen a la gente que si no votan por el partido del Gobierno se puede acabar con los subsidios, y como muchos viven con estos subsidios es una amenaza que no es justa y que tiene mucho impacto', declaró Carlsen.
Pero este no es, a juicio de las ONG, el único delito electoral que puede poner en peligro los comicios legislativos del 14 de marzo y los presidenciales del 30 de mayo.
'Las amenazas de grupos armados constituye un factor de riesgo para un proceso electoral pleno y con completa libertad', afirmó Carlsen.
La Misión Internacional de Observación Electoral, liderada por la ONG estadounidense Global Exchange, visitó del 3 al 14 de febrero los departamentos de Córdoba, Antioquia (noroeste), Santander (noreste) y Valle del Cauca (suroeste).
El documento presentado hoy expresa la preocupación por los eventuales asesinatos selectivos y la persecución de líderes comunitarios, y resalta que el miedo está presente en todas las esferas de la sociedad colombiana.
En este sentido, Gimena Sánchez, de la ONG estadounidense Wola, puso como ejemplo el caso de Buenaventura (Valle del Cauca), donde han desaparecido personas para reducir los índices de homicidio y sacarlos así de las estadísticas de violencia electoral.
'Periodistas independientes llamaron la atención del equipo sobre las amenazas contra su vida y las presiones de que son objeto cuando realizan denuncias sobre delitos electorales', dijo la experta de la Misión, que agregó que algunos medios propician la autocensura y otros optan por coberturas desequilibradas de las campañas.
Otra preocupación es la participación en política de funcionarios públicos que pretenden favorecer a determinados candidatos, e incluso se ha denunciado que desde la Administración 'se pagan equipos de proselitismo y asesores de campaña', añadió.
Los portavoces de la Misión denunciaron asimismo un 'testaferrato electoral' por el que estructuras políticas 'seriamente cuestionadas' tratan de perpetuarse 'mediante el cambio de nombres de partidos o liderazgos familiares que si no son ilegales llevan implícito un profundo sentido de ilegitimidad', advirtieron.
Si bien el informe final se dará a conocer el 7 de marzo, una semana antes de las legislativas, la Misión recomendó hoy a las autoridades que tomen medidas frente a todos estos posibles delitos electorales.
En cuanto a los aspectos positivos, la Misión resaltó el incremento de la participación ciudadana en los procesos electorales colombianos.
Ante la apretada agenda electoral en Colombia para este año, las autoridades están en alerta ante posibles brotes extraordinarios de violencia.
- Terra
