'Medidas de este tipo es mucho mejor consultarlas, especialmente con los operadores de justicia', declaró Funes al inaugurar un encuentro con un grupo de alcaldes a los que expuso los lineamientos de su política de seguridad.
'No esperemos que con aumentar la pena de 7 a 15 años inmediatamente va desaparecer la delincuencia o se va reducir la participación de menores en actos delictivos. El enfoque tiene que ser más integral', agregó.
Funes se refirió así a la decisión adoptada el jueves pasado por la Asamblea Legislativa, que endureció la legislación contra los menores de edad al aumentar a 15 años la pena máxima de cárcel, en un intento por contener la violencia en el país.
Los parlamentarios aprobaron un decreto en el que consideraron 'procedente ampliar la privación de libertad sin excederse de 15 años' para los jóvenes que han cumplido 16 años pero que no tienen los 18, que se considera la mayoría de edad legal en el país.
El mandatario indicó que recordó a los diputados que en el proceso de aprobación del decreto 'no se escuchó la opinión del Ministerio de Justicia y Seguridad' ni a los 'operadores de justicia, como son los jueces y juezas del país'.
En ese contexto, opinó que antes de sancionar el decreto, vetarlo o expresar sus observaciones era 'preferible escuchar a los operadores de justicia'.
'Por eso es que formé una comisión que esta semana tendrá que trabajar para que me dé elementos de juicio sobre qué es lo que más conviene al país', sostuvo.
El decreto aprobado señala que 'la ola delincuencial que está azotando al país ha impactado en la adolescencia de tal manera que menores de edad están cometiendo delitos que causan conmoción o alarma'.
Según las autoridades, las pandillas, que son acusadas de la mayoría de delitos cometidos en el país, utilizan en muchos casos a menores para perpetrar estos hechos.
El Salvador, el país más pequeño de América con 6,1 millones de habitantes, registra un promedio de 13 homicidios cada día.