El letrado acudió a la sesión reservada convocada por la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia para expresar su posición sobre el conflicto de competencias, planteado entre los fueros civil y militar, sobre la sala a la que le corresponde procesar a Ariza, un militar en activo que ya ha confesado el delito.
La Sala Permanente recibió los argumentos de las partes y dejó lista para votación la decisión final sobre bajo qué fuero se procesará a Ariza por los delitos de revelación de secretos nacionales (traición a la patria), espionaje y lavado de activos en agravio del Estado.
Aunque Chinchay reconoce que la sala que le correspondería procesar a su cliente es la militar, agregó que dos militares chilenos en retiro y el suboficial peruano Justo Ríos Aguilar también son procesados en el mismo caso y deben mantenerse juntos.
Los chilenos aludidos por haber pagado por la información secreta son, según la prensa peruana, el oficial Adrián Bravo Carrasco y el suboficial Jaime López Ruiz, aunque Ariza los conocía con otros nombres (Víctor Vergara Rojas y Daniel Márquez Torrealba, respectivamente).
Según Ariza, estos militares lo contactaron cuando trabajó en la agregaduría militar en la embajada de Perú en Santiago de Chile y coordinó con ellos la información militar secreta que les envió y por la que recibió pagos mensuales.
'Sería absurdo que la justicia militar pueda procesar a dos chilenos', dijo Chinchay a los periodistas a su salida del Palacio de Justicia.
Este caso de espionaje fue denunciado a fines del año pasado por Perú y significó un nuevo motivo de fricción con su vecino, pues el pedido de las autoridades peruanas para que Chile también investigue y sancione a los implicados no tuvo una respuesta favorable.
El abogado insistió en que su preocupación es que se presente en el futuro un pedido de nulidad contra el proceso, pues su cliente está dispuesto a afrontar el castigo que le impongan, así fuera la pena de muerte, sólo aplicada en casos de guerra.
Por su parte, el presidente del tribunal supremo de justicia militar, Carlos Meza, dijo a la prensa que 'el asunto es clarísimo' y la sala permanente tiene que resolver conforme a una resolución del Tribunal Constitucional de 2006, que aclaró estos temas de competencia.
'No perdamos más tiempo, que ya lo hemos perdido', dijo Meza, quien confió en que los magistrados puedan resolver hoy mismo sobre el tema, como adelantó el presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, la semana pasada.
El magistrado militar recordó que Ariza puede recibir entre 25 y 35 años de cárcel por el delito de traición a la patria, el más grave que se le puede imponer.
La sala presidida por el juez César San Martín recibió el informe de la magistrada Antonia Saquicuray, que veía el caso en el fuero común, así como la denuncia fiscal para decidir sobre la competencia.