Tras la decisión del Supremo, Jové y su otra compañera detenida, la australiana Bridgette Chappel, quedaron en libertad a última hora de la tarde, según informaron a Efe fuentes consulares españolas en Jerusalén.
El juicio a Jové y a Chappel obliga al Supremo a dictaminar si el Ejército y la Policía israelíes actúan legítimamente dentro de los territorios palestinos y, en concreto, en el 'Area A' de Cisjordania, que los Acuerdos de paz de Oslo dejan bajo control de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).
Durante la vista, la Fiscalía admitió que el arresto - efectuado de madrugada por una veintena de soldados que irrumpieron en la oficina de la organización para la que trabajan las dos jóvenes, Movimiento Internacional de Solidaridad (ISM)- se hizo de forma improcedente, puesto que fueron entregadas a fuerzas del Ministerio de Interior dentro del territorio palestino.
Pese a ello, la fiscal pidió que las acusadas depositasen una fianza de 25.000 shekels (4.900 euros o 6.670 dólares) y que firmasen un documento en el que se comprometían a no entrar en zona A y a no participar en manifestaciones.
La defensa, por su parte, pedía su inmediata puesta en libertad y que se les permitiese regresar a territorio palestino.
El juez ordenó la puesta en libertad de las dos activistas bajo fianza de 3.000 shekels cada una (590 euros ó 802 dólares) y que se comprometan a no salir de territorio israelí.
También concedió a los abogados de las detenidas un plazo de cinco días para hacer una apelación contra su deportación ante el Tribunal de Distrito de Tel Aviv.
'Dentro de lo que cabe estoy bien', dijo Jové a Efe a su llegada al Supremo, al tiempo que señaló que lo que le ha ocurrido 'es una represión más' y un ataque contra 'la resistencia popular palestina'.
'Pueblos (palestinos) como Naalín y Bilín están sufriendo mucho y secuestrar activistas internacionales es sólo una prueba más', añadió la joven catalana de 26 años mientras esperaba la entrada del juez custodiada por tres agentes de la Policía de Fronteras israelí.
El abogado del ISM, Omer Shatz, consideró la decisión judicial 'un éxito' y resaltó que 'la Fiscalía ha admitido que la policía de emigración no tiene autoridad en los territorios ocupados porque sabe cuáles son las implicaciones: significaría que no hay diferencia entre Interior y Exterior y, por tanto, que hay que cambiar las fronteras'.
'Que el Ejército israelí entre en Ramala y ejecute la legislación del Ministerio de Interior significa que Israel ha decidido anexionarse los territorios palestinos y, si lo ha decidido, tiene que decirlo el Estado y también el tribunal', explicó el abogado, que señaló que eso implicaría que 'habría que dar la ciudadanía (israelí) y otros derechos' a los palestinos de Cisjordania.
Shatz busca en este proceso conseguir que las activistas sean puestas en libertad pero, también, que el Supremo 'diga explícitamente que Israel no tiene autoridad dentro de los territorios ocupados'.
En su opinión, 'Ariadna tiene derecho a quedarse y hacer lo que quiera en Ramala, porque tiene que ser la Muqata (presidencia palestina), el Gobierno de la ANP y la Policía palestina quienes lo decidan, no la Policía ni el Ejército israelíes'.
Jové Martí y su compañera están acusadas de no tener el visado israelí en regla, de no haber pedido permiso al Ejército de Israel para entrar en Ramala y de 'actividades ilegales' sin concretar aunque, según su abogado, el motivo real del arresto es el activismo pro palestino de sus clientes.
La vista fue atendida por representantes diplomáticos tanto de la Embajada en Tel Aviv como del Consulado General de España en Jerusalén, que siguen de cerca los procedimientos y han podido hablar con Jové para cerciorarse del trato que recibe y de que cuentan con la asistencia legal necesaria.
'Están muy bien, muy tranquilas, contentas de que no las deporten y les parece razonable y están a la espera de que se resuelva la cuestión', dijo el representante consular español en Tel Aviv, Manuel Durán.
Por su parte, los familiares y amigos de Jové en Barcelona celebraron la decisión judicial y mostraron su esperanza de que en el futuro 'el Gobierno israelí no pueda deportar voluntarios con tanta impunidad'.