Esta es una de las conclusiones del estudio 'La migración y el registro de los jubilados europeos en España', editado por el Real Instituto Elcano y elaborado por Vicente Rodríguez y Paz Rodríguez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y por Raúl Lardiés, de la Universidad de Zaragoza.
De los dos millones y medio de europeos (Unión Europea, más Suiza y Noruega) que residen en España, unos 460.000 superan los 55 años y casi 72.000 han cumplido los 75, superando en conjunto los 530.000.
Aunque acceden a servicios sociales municipales, los extranjeros retirados tienden a no empadronarse debido a su deseo de mantener sus derechos en su país, en previsión de un posible retorno.
Además temen que los datos lleguen a la policía española, 'lo cual llevaría (quizá) implícita la necesidad de cotizar y pagar impuestos en España, siendo eso sinónimo igualmente de perder ciertos derechos y beneficios en sus países de origen'.
En cuanto a su perfil, constituyen un conjunto de personas de edad no muy elevada; no tienen hijos o están libres de obligaciones para con el resto de la familia, y tienen suficientes recursos económicos, obtenidos a partir de una carrera laboral asentada en una formación académica media y superior.
Es un tipo de migración con una gran concentración espacial: más del 90 por ciento de los inmigrantes mayores de 55 años procedentes de dichos países se hallan en seis comunidades autónomas y dentro de ellas en solo ocho provincias (Almería, Málaga, Baleares, Las Palmas, Tenerife, Gerona, Alicante y Murcia).
Esta concentración espacial se aprecia en el ámbito municipal: el 44 por ciento de los municipios alicantinos tienen tasas superiores al 15 por ciento de población extranjera comunitaria, y la tasa sube al 24 por ciento en el caso de Málaga.
De acuerdo con este trabajo, que también recoge resultados de un estudio sobre extranjeros retirados en Andalucía, se desprende que la tendencia a no inscribirse es producto de una mezcla de ajuste de situaciones reales, de desinformación y/o desconocimiento y de prevención ante el contacto con la administración pública.
La residencia definitiva en España condiciona positivamente el empadronamiento, lo cual suele ir ligado a ser dueño de una vivienda y las consecuencias que se derivan del registro de la propiedad inmobiliaria en el ámbito municipal.
La residencia temporal reduce en el individuo la necesidad de estar registrado.
Ante esta situación, los autores del estudio aconsejan a los ayuntamientos realizar un esfuerzo para poseer cifras más reales sobre su población extranjera, a fin de planificar y gestionar mejor los equipamientos y servicios ofertados a nivel local.
Añaden que el 'sub-registro de estos residentes tiene un efecto negativo sobre los fondos que recibe el municipio y que en parte se calculan en relación a su volumen de empadronamiento'.
Para que la información sobre el padrón llegue mejor a los extranjeros, el trabajo apuesta por ofrecerla también en las inmobiliarias (en el momento de alquilar o comprar una vivienda) o por los agentes que habitualmente están en contacto con ellos (abogados y gestores).
De igual manera, los ayuntamientos deberían transmitir información más clara, y en varios idiomas, sobre las ventajas de empadronarse, así como de las desventajas, en caso de no hacerlo.
Muchos ayuntamientos están haciendo ya visible entre sus vecinos (extranjeros o no) las ventajas de padrón, no sólo para acceder a la sanidad pública, sino también para obtener descuentos y beneficios en servicios deportivos, socioculturales, en el transporte municipal etcétera.