El caso Malaya no para de dar anécdotas. Cada día, una. Esta vez ha sido el abogado de Julián Muñoz, Javier Saavedra, que ha llamado la atención con unas nuevas declaraciones afirmando que su defendido sería "un hazmerreir" entre los corrupcos ya que, con ciertos delitos que se le imputan, sería "el alcalde corrupto más barato de España.
La defensa de Muñoz, ejercida por el letrado Javier Saavedra, ha centrado sus alegaciones en la fase de cuestiones previas en la vulneración de derechos fundamentales, y ha proclamado la inocencia de su cliente.
La acusación "ofende al sentido común", según el letrado, quien ha aludido a un supuesto pago por parte del presunto cerebro de la organización, Juan Antonio Roca, después de preparar la moción de censura que desbancó a Muñoz de la alcaldía el 13 de agosto de 2003.
Roca y Muñoz "son unos malversadores, pero eso sí de una honestidad entre ellos que es entusiasmante", ha ironizado Saavedra, quien ha referido que después de pelearse e insultarse y de preparar una moción de censura contra el ex alcalde, el ex asesor de Urbanismo supuestamente le abonó 12.000 euros -de un total de 180.000 euros que presuntamente percibió- porque era "un caballero".
En este sentido, se ha preguntado si es creíble que en 2002 ambos suscribieran un convenio y Roca le pagara a Muñoz "a plazos", el último de estos pagos "cinco meses después" de que el primero preparara una moción de censura contra el ex alcalde.
El letrado considera que con la "pelea política del calibre que había en Marbella en 2003", es imposible que se efectuara dicho pago, el cual "no está refrendado en absoluto por ningún movimiento bancario", y ha añadido que la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía "se ha encargado de buscarlo por tierra, mar y aire".
En su exposición, Javier Saavedra ha afirmado que cree "en la inocencia de todos y cada uno de los que están presentes' en el juicio, pero 'en particular' de su cliente, porque desde que lleva el caso 'todo' lo que le ha dicho ha sido "veraz y cierto".
En cuanto a los delitos que se le imputan a Julián Muñoz -prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho pasivo-, ha incidido en que el cohecho no queda claro en el escrito del fiscal, y ha señalado que el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía "cogen el escrito" del ministerio público y "lo suscriben", pero en vez de un convenio o dos "le meten ocho o diez".
Ha recordado que cuando trascendió la operación Malaya, al practicarse las primeras detenciones el 29 marzo de 2006, su cliente estaba en Argentina, un país, "con limitaciones en los tratados de extradición con España" pero volvió a España, por lo que ha llamado la atención sobre "el temor que tenía y el riesgo de fuga que había" de su patrocinado.
Muñoz, que accedió a la alcaldía de Marbella en mayo de 2002 tras la inhabilitación de Jesús Gil y ostentó el cargo hasta agosto de 2003, ha estado encarcelado por varios procesos judiciales y se enfrenta en este procedimiento a una petición fiscal de 10 años de prisión y ocho años de inhabilitación.
"Por Marbella en el año 91 pasaron jueces, fiscales y policías y hasta 2005 no se dieron cuenta de que aquello era un pozo de corrupción", ha manifestado Saavedra durante la exposición de las cuestiones previas relativas a su otro cliente, el marchante de arte Jean Alfred Leopold Fournets, para el que el fiscal pide cuatro años de cárcel por blanqueo.
En las cuatro sesiones celebradas de este juicio, el mayor contra una trama de corrupción municipal conocida en España, ya han expuesto sus argumentos casi la mitad de los abogados de los 95 procesados.