La huelga de empleados públicos de este martes, a la que están llamados 2,5 millones de empleados públicos, pretende denunciar la decisión del Ejecutivo de rebajar el sueldo a los funcionarios de todas las administraciones entre un 0,56% y un 7% de media a partir de la nómina de este mes. El Gobierno espera ahorrar con esta medida más de 4.000 millones de euros hasta 2011.
Los sindicatos alegan que la rebaja salarial a los funcionarios, además de ser una agresión sin precedentes, vulnera un acuerdo en vigor que ya contemplaba un escenario de crisis. De hecho, a principios de 2010 los salarios de los empleados públicos se incrementaron sólo un 0,3%.
La secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, comparecerá este martes ante los medios de comunicación para informar del seguimiento de la huelga general convocada por CC.OO., UGT y CSI-CSIF, y a la que se han ido sumando otras fuerzas sindicales, para protestar contra los recortes salariales incluidos por el Gobierno en su plan extraordinario para reducir el déficit público.
El Cuerpo Superior de Funcionarios no la secundará
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (FEDECA) ha asegurado que, por responsabilidad, no secundará la huelga. Para FEDECA, este martes no debería haber huelga por la situación que atraviesan España y la Función Pública.
En cuanto a sus alternativas, destacan la racionalización del sector público, la revisión integral del modelo de financiación territorial y de las leyes de estabilidad presupuestaria para que se pueda sancionar a las comunidades y ayuntamientos que las incumplan.
La eliminación de los ministerios de Vivienda e Igualdad y su transformación en direcciones generales, la privatización de los canales de televisión autonómicos y la reducción del número de asesores que no sean funcionarios, son otras de las medidas que aplicarían en la administración.
Jueces para la Democracia apoya la huelga
Las asociaciones Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria han expresado su apoyo a la huelga de funcionarios, mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura y el Foro Judicial Independiente consideran que hay razones para protestar, pero dan un voto de confianza a las negociaciones entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia.
Jueces para la Democracia muestra su "enérgico rechazo" a los recortes retributivos y, tras reiterar su "compromiso con la ciudadanía", no renuncia a la adopción de medidas de presión legítimas y muestra "expresamente" su apoyo a la huelga.
Igualmente, AJFV ha expresado su apoyo a los motivos de la movilización y ha hecho un "llamamiento" a todos los jueces y magistrados para que "faciliten en la medida de sus posibilidades el legítimo derecho a la huelga por parte de los funcionarios de la Administración de Justicia", de manera que procedan "si fuera necesario" a la suspensión de las vistas, declaraciones y comparecencias no incluidas en los servicios mínimos que no puedan llevarse a cabo con normalidad sin afectar al derecho de huelga.
La APM cree que "no sirve para nada"
Mientras tanto, desde la APM, José Antonio Ballesteros explicó que, aunque su asociación está "radicalmente en contra" de las medidas adoptadas por el Gobierno, consideran que la huelga es una medida "absolutamente estéril" que "no sirve para nada" y sólo puede generar más "frustación".
Ballesteros recalcó que el recorte del Ejecutivo se suma a la falta de actualización de las retribuciones de los jueces, que deberían haberse revisado en 2008, pero insistió en que un parón de un día no es la solución.