El Estatut, vuelve a examen. Cuatro años después de su aprobación, el Tribunal Consititucional vuelve a analizar el texto aprobado por los partidos catalanes y llevado al máximo órgano por el Partido Popular.
El pleno, convocado el jueves pasado, podría durar dos días, pero no está claro si finalmente podrá salir una sentencia de él después de casi cuatro años de deliberaciones, según apuntaron diversos medios.
El Estatut incluye el reconocimiento de Cataluña como nación - frente al texto aprobado en 1979 que la definía como 'nacionalidad' - el derecho de autodeterminación, el deber de conocer el catalán y establece que la región juegue un papel en las relaciones con la Unión Europea en los asuntos que afecten a sus competencias o intereses.
A finales de julio de 2006, poco después del referéndum que aprobó el Estatut con un 74% de los votos, el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad, que afecta a 114 artículos y 12 disposiciones y tiene más de 400 folios. El PP alegó que su objetivo es defender la Constitución y los derechos de los ciudadanos.
Posteriormente, en 2006 se admitieron a trámite otros seis recursos de inconstitucionalidad contra la norma catalana: del Defensor del Pueblo y de las Comunidades de Murcia, Baleares, La Rioja, Comunidad Valenciana y Aragón.
Durante meses, los medios de comunicación han especulado sobre cuál sería el fallo del Constitucional. En una iniciativa insólita el pasado noviembre una docena de periódicos catalanes publicó un editorial conjunto en defensa del Estatut.
El editorial planeaba dudas sobre el hecho de que cuatro de los 12 miembros de la cámara que van a tomar la decisión hayan agotado su mandato, otro haya sido recusado y otro haya fallecido.
El Estatut, a juicio del PP, incluye ocho puntos que vulneran la constitucionalidad como la utilización del término 'nación' para Cataluña, el tratamiento de la lengua catalana, la distribución de las competencias y el establecimiento de derechos y libertades que diferencian a los catalanes del resto de españoles.
También rebatió la regulación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el principio de bilateralidad, la regulación de las relaciones internacionales y el sistema de financiación.