La nueva ley, la primera que regula la convocatoria de referendos que aprueba un Parlamento autonómico, contempla que puedan ser convocados por el gobierno catalán, por dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados, por el 10% de los municipios -95 con un mínimo de 500.000 habitantes-, o también por un 3% de la población catalana, mediante la recogida de firmas.
El texto ha sido aprobado por PSC, ERC e ICV-EUiA y rechazado por la oposición (CiU, PPC y mixto), y permite promover plebiscitos sobre 'cuestiones políticas de trascendencia especial para la ciudadanía en el ámbito de las competencias de la Generalitat'.
El conseller de Gobernación, Jordi Ausas, ha destacado que la normativa es 'ambiciosa y moderna', supone un fortalecimiento de la democracia porque se dota de un instrumento de participación directa de los ciudadanos, y ha asegurado que ha sido elaborada 'con toda la pulcritud' para adaptarse al Estatut y a la Constitución, lo que no impide que permita avanzar 'hacia el derecho a decidir'.
El diputado relator de la ponencia, Pere Aragones (ERC), ha subrayado el carácter 'innovador' de la ley y ha explicado las enmiendas asumidas por los grupos que recogen el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre dos aspectos secundarios.
Por parte de CiU, Dolors Batalla ha rechazado la ley por considerar que 'es incompleta y se autolimita', y ha reiterado que el texto debía incluir otras formas de participación que posibilita el Estatut, como por ejemplo encuestas o consultas no sometidas a referendo que no requieren de la autorización del Estado.
'Desde el punto de vista nacional es la expresión de una renuncia disfrazada de ambición', ha indicado Batalla antes de 'cargar' contra ERC, de quien ha dicho que no ha utilizado su fuerza en el Govern para provocar 'un mayor avance nacional'.
En representación de ERC, Aragones ha replicado que la actitud de CiU 'es profundamente antipatriótica', y ha insinuado que quizás lo que pretendía al impulsar 'un artefacto inviable' desde el punto de vista legal 'es que al final no haya referendos porque el Tribunal Constitucional anule la ley para hacerlos'.
La diputada del PSC Lídia Santos ha recalcado que se trata de una normativa de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, 'no es una ley de independencia -ha precisado-, y puede contribuir a la mejora de la calidad democrática'.
Tras señalar que 'nunca' han dudado de que la competencia de convocar referendos sea plenamente estatutaria y constitucional, Santos se ha mostrado convencida de que la ley 'es homologable' con otras europeas, y ha advertido de que la 'obsesión' de CiU por incluir fórmulas distintas 'amaga su voluntad de saltarse la Constitución, lo que es muy curioso en un partido que aspira a gobernar, si no fuera porque ya se ve que es puro tacticismo'.
La diputada del PPC Maria Angels Olano ha puntualizado que su partido no cuestiona 'el derecho a consultar a los ciudadanos' pero sí 'cómo se plantea', ha indicado que 'se ha perdido una buena ocasión para hacer una buena ley' y ha lamentado que la iniciativa emane 'de la voluntad soberanista' de promover consultas independentistas desde el ámbito no institucional.
Lluís Postigo, de ICV-EUiA, ha subrayado que la ley es 'un instrumento de participación directa' y ha reprochado a CiU que quiera regular por cuestiones que no está claro que necesitan de una ley, pero también ha avisado indirectamente a ERC de que no debería generar 'falsas expectativas' sobre lo que permite la nueva norma.
Albert Rivera, de Ciutadans, ha considerado que el conseller Ausas pretende 'la cuadratura del círculo', porque defiende que la ley supone un incremento de la democracia pero que también sirve para convocar referendos de autodeterminación, y ha reprochado que el presidente Montilla 'sea un chollo para el independentismo'.
La ley ha sido aprobada por 70 votos a favor y 62 en contra, y tras la votación, los dirigentes de ERC han expresado su alegría fuera del hemiciclo.