El suceso del pueblo estadounidense de Enumclaw regresó a la memoria hace quince días. Ese día, el 1 de febrero, el Parlamento holandés había aprobado por apenas cinco votos una Ley que prohibía el sexo con animales, el bestialismo, una parafilia sexual que no suele figurar en los códigos penales europeos –sólo Reino Unido, Alemania y ahora Holanda condenan su práctica- y que aún se permite en ocho estados de Estados Unidos. Y no está permitida en más estados, gracias a lo que sucedió en 2005 en Enumclaw, un pueblo cercano a Seattle. Dos hombres, de madrugada, se colaron en una granja para grabar en vídeo sus prácticas sexuales con un caballo. Uno se llamaba Kenneth Pinyan, ingeniero de 45 años que trabajaba para Boeing. El otro, James Michael Tait, de 54 años, se encargaba de la filmación. Sus planes se torcieron cuando Pinyan, en plena escena anal con el potro, sufrió un desgarro de colon que acabó con su vida. La opinión pública se soliviantó. Tait fue posteriormente juzgado. Pero como el estado de Washington no penaba la zoofilia y el animal no mostraba daños... sólo se le pudo condenar por allanamiento.
Cinco años después, el debate vuelve a la actualidad con la decisión del Congreso holandés. ¿La zoofilia debe ser castigada penalmente? Países Bajos comenzó a tramitar esta Ley contra el bestialismo en 2007, cuando el diario nacional Algemeen Dabglad alertaba de que el 80% de películas de zoofilia se producía en este país. En Reino Unido ya se condenaba con un máximo de dos años de cácel “la penetración del pene humano en animales y viceversa”. Y en Alemania, aunque la práctica no está castigada, sí lo está la producción y distribución de zoofilia. “Nosotros estamos convencidos de que aquí, en España, también se produce este tipo de material”, alerta José Valle, portavoz de la asociación Igualdad Animal. “En Internet se difunde incluso un manual que explica cómo preparar el sexo con un animal y, con los perros, qué razas son más convenientes”, añade.
El animal no es 'ser jurídico' y puede no 'sufrir' el abuso
Es cierto que la zoofilia en España, tradicionalmente ligada al ámbito rural, no ha tenido la expansión alcanzada en Holanda donde su explotación como producto pornográfico la ha convertido en el reino de la zoofilia. En Igualdad Animal admiten que no ha llegado ninguna denuncia a sus oficinas. Pero también explican la complejidad de conseguir llevarla a los tribunales por dos motivos. El primero es un argumento legal: los animales no son seres jurídicos. “La legislación contempla a los animales como cosas, como ‘seres movientes’. No tienen personalidad jurídica, como las personas”, explica José Muñoz Lorente, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid.
El Código Penal español, efectivamente, no recoge delito ni falta alguna específica para la zoofilia. Tan sólo el artículo 337 establece penas de prisión de tres meses a un año 'para quienes maltraten con ensañamiento a animales domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones'. Este es, precisamente, el segundo motivo que arrincona la zoofilia en España a un limbo jurídico: demostrar el maltrato. “Es complicado demostrar que el animal ha sufrido si no existen desgarros”, apunta José Valle. Mucho más difícil, verificar el sufrimiento psicológico. Y aquí entraría la noción de 'crueldad'. El Código amplió su versión inicial de 1995 con un nuevo artículo, el 632, que multa de 20 a 60 días a quienes “maltrataren cruelmente a los animales domésticos”. Por el sistema de días/multa, las sanciones no superarían los 400 euros. Y además... hay que demostrar la 'crueldad' de este trato.
La zoofilia, acto reflejo de la consideración social del animal
Pero, ¿cómo se demuestra la crueldad? ¿Forzar sexualmente a un animal es un acto cruel? “Debería valorarse como una violación infantil. Los niños tampoco dan su consentimiento. Y una gallina, evidentemente, tampoco va a ofrecerlo”, protesta el portavoz de Igualdad Animal. “Quienes conviven con un animal saben que tienen intereses, dolores, preferencias. En muchos casos los cachorros son manipulados para que tengan relaciones sexuales con humanos y se dejen tocar. No se comprende el daño que se les puede infligir”, insiste. El jurista José Muñoz tiene más dudas al respecto. “El 632 se redactó de cara a la galería”, asegura. “Yo sólo conozco jurisprudencia relacionada con este artículo en caso de palizas a animales, abandono o falta de alimento...”
En Suecia –el país europeo más laxo al regular el bestialismo junto a España que, como los suecos, tampoco prohíbe la distribución de pornografía con animales-, el ministro de Agricultura Eskil Erlandsson se mofó en 2008 de una manifestación del grupo Djurrätts Alliansen (Alianza de los Derechos Animales) en protesta por las práctica de ‘bestialismo’, comentando entre risas "yo mismo le realizo tocamientos a mi perro". El ministro rectificó después, presionado por la bola mediática que se le venía encima.
Y es que muchos coinciden en que, en este asunto, subyace un componente sociológico; que la legislación no hace sino acomodarse al respeto de sus ciudadanos por otras especies. “La zoofilia muestra la consideración de los animales como propiedades y, como tales, de nuestro derecho a usarlos”. Pero el abogado José Muñoz se muestra incluso optimista en que la legislación española recoja la zoofilia como delito. “No creo que tarde en incorporarse al Código Penal”, asegura, sin embargo, debido a una motivación distinta a la búsqueda de protección para el animal. “Los legisladores de cualquier signo político saben que ‘tocar’ este Código... vende mucho”.