El Gobierno ha remitido a Bruselas una corrección al Programa de Estabilidad 2009-2013 donde elimina el "ejemplo" relativo al ahorro que supondría para la Seguridad Social ampliar el periodo de cálculo de las pensiones en diez años, desde los 15 actuales a un total de 25.
El Ministerio de Economía y Hacienda señala que se trataba de una "simulación", no de una propuesta, y que como ha podido "inducir a una interpretación errónea", ha decidido suprimirlo y enviar a la Comisión Europea el texto corregido. "En el Programa (de Estabilidad) se incluye un apartado final sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo que incorpora una proyección sobre el resultado hipotético de un retraso en la edad de jubilación y del alargamiento del periodo de cómputo de las pensiones. Dado que dicha simulación ha podido interpretarse como una propuesta concreta, se ha eliminado el ejemplo del documento, y así se ha comunicado a la Comisión Europea", alega.
El Departamento dirigido por Elena Salgado también ha retirado del documento la alusión que hacía al ahorro que supondría aumentar dos años el periodo mínimo de años cotizados para tener derecho al cobro de una pensión.
En concreto, el párrafo eliminado decía lo siguiente: "Por lo tanto, si a lo largo de la década de 2020 se elevan en dos años estos parámetros (edad legal de jubilación y número mínimo de años cotizados para obtener una pensión) y si, además, se aumentara en una década el número de años considerados para calcular la pensión, el recorte total del gasto en pensiones podría alcanzar casi 4 puntos del PIB a partir de 2030".
En el documento se mantienen los cálculos del Gobierno acerca de lo que implicaría retrasar la edad legal de jubilación (un punto del PIB por cada año de retraso) y precisa que "cada año que se amplíe el número de años para el cómputo de la pensión se podría obtener una reducción adicional" de dos décimas.
Una reforma 'ambiciosa'
La medida de ahorro se sumaba al retraso de la edad de jubilación a los 67 años, con lo que el Gobierno pretendía ahorrar hasta unos 40.000 millones de euros del PIB en el gasto de pensiones a partir de 2030. Ampliando el periodo de cálculo de la pensión hasta 25 años, retrasando la edad de jubilación dos años y elevando también en dos años el número mínimo de años de cotización exigidos para tener derecho a la pensión, el gasto en pensiones podría reducirse hasta casi cuatro puntos del PIB a partir de 2030 si dichas medidas se pusieran en marcha a lo largo de la década de 2020.
El Ejecutivo señaló que las dos reformas anteriores en materia de Seguridad Social, las adoptadas en 2002 y 2007, fueron valoradas positivamente por la Comisión Europea, que estimó su impacto conjunto en un aumento de la edad media de jubilación de 1,3 años entre 2006 y 2025.
Sin embargo, prosigue el Gobierno, "el deterioro reciente de los indicadores de sostenibilidad y las nuevas proyecciones demográficas ponen de manifiesto la necesidad de acometer 'transformaciones más ambiciosas', en línea con las realizadas por la mayoría de los países europeos en los últimos años.
Entre estos cambios "ambiciosos", el Ejecutivo recuerda que ha propuesto al Pacto de Toledo y al diálogo social ampliar progresivamente a 67 años la edad legal de jubilación y la posible vinculación de otros parámetros (edad mínima de jubilación, número mínimo de años cotizados para acceder a la pensión y periodo de cálculo) a esta medida.
Asimismo, el Gobierno ha propuesto refozar la relación entre cotización y prestación, introducir mayor transparencia en los procesos de cotización, culminar la integración de regímenes, mejorar las ayudas familiares y una relación más flexible entre la previsión social complementaria y el sistema público de pensiones.