Desde el gobierno municipal, justifican la orden de desalojo en el 'incumplimiento reiterado' por parte de sus moradores de la orden 21 de marzo de 2006 que regula la ordenación zootécnica y sanitaria de las explotaciones equinas y su inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía y 'en previsión de posibles daños a la salubridad pública'.
Además, esta ocupación condicionaría el inicio de las obras de la residencia, presupuestadas en 10,26 millones de euros. El desalojo no será inmediato. En la notificación remitida a los afectados, la administración local establece dos plazos para que dejen la finca de forma voluntaria: hasta el martes 3 de junio para los propietarios de équidos destinados a la monta sin carruaje y hasta el viernes 20 para los cocheros de caballo. Además, se les advierte de que en caso de incumplirlo, los animales serían retirados por los distintos cuerpos de seguridad: Policía Local, Guardia Civil (Seprona) y la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de la Consejería andaluza de Agricultura y Pesca, y sus propietarios tendrían que asumir los costes derivados de la retirada, traslado y mantenimiento durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones municipales.
No obstante, desde el equipo de gobierno aclaran que están negociando con Fomento para poder reubicarlos en otra parcela. Por el momento, no hay nada en firme. Al margen de esta orden de desalojo, que cuenta con informe técnico favorable, el área municipal de Medio Ambiente les ha abierto otro expediente por incumplir la normativa vigente dada la proximidad de estas cuadras a las casas habitadas. El concejal del ramo, Antonio Espada, asegura que han recibido varias quejas en este sentido. A su juicio, por este escollo, 'no se puede sacrificar' la construcción de este geriátrico, que abrirá sus puertas en 2010 y ofertará 150 plazas y otras 60 para el centro de día (el 80 por ciento concertadas).