Iban provistos de numerosas pancartas, prolíficas en reproches políticos, pero también llamando al diálogo y a la conciliación. Aún pervivían en sus retinas las imágenes de la mañana anterior, cuando la piqueta se llevó por delante tres edificaciones, entre ellas, la 'pensión' que habían levantando al final de la calle, donde residían más de una veintena de familias bolivianas. Se da la circunstancia de que el dueño del edificio, Félix, es el presidente de la asociación de vecinos del Sector 5; en el colectivo vecinal se rumoreaba desde la tarde anterior que las excavadoras harían acto de presencia a las ocho de la mañana. Pero los inquilinos bolivianos no tenían ni idea.
Con semejante panorama, los ánimos estaban ayer, en Cibeles, no caldeados, pero sí hartos de sentirse 'desprotegidos', según explicaron. Las consignas que se gritaron fueron numerosísimas, incluso en árabe -buena parte de los concentrados eran marroquíes-: '¡Cañada unida, jamás será vencida!', '¡No a la destrucción, sí a la negociación!', '¡Zapatero, te hemos votado, no nos falles!', gritaban.
Mohamed, un joven marroquí, pedía que no les tirasen las casas. 'Porque no tenemos dónde ir. Nosotros somos cinco hermanos, y yo soy el mayor, ¿quién les va a dar de comer? Tenemos miedo a que nos tiren nuestra casa', explicaba.
Habían llegado en autobús, en Metro, en coches, pero allí estuvieron presentes a las siete, la hora de la convocatoria, apoyados por la 'iglesia roja' de Entrevías y los colectivos vecinales de la Cañada y otros sociales.
Josefa tiene 57 años y lleva desde 1987 residiendo en la Cañada. Su historia es de todo, menos marginal. 'Pago la contribución desde ese año. Vivíamos en Coslada; yo limpiaba casas y mi marido trabaja en un taller, pero teníamos dos hijas que querían estudiar, así que vendimos lo que teníamos y compramos el terreno en la Cañada', explica. Poco a poco, fueron levantando su casa y haciendo su vida, como cualquier otra familia. Sin embargo, hace dos junios, recibió la orden de desalojo. La tienen impugnada y, por ahora, el derribo está paralizado, a espera de resolución judicial.
A diferencia de la mayoría de los manifestantes, Josefa no carga tanto las tintas contra Gallardón, sino, más bien, contra Esperanza Aguirre: 'Es ella la que no se quiere sentar a negociar con los Ayuntamientos afectados [la Cañada atraviesa cinco municipios, entre ellos, el de la capital]'.
En la concentración se leyó un comunicado, en el que se acusaba al Ayuntamiento de haber pactado con constructoras varios proyectos urbanísticos y que esa era la razón de los derribos. Además, aseguran, el Consistorio no les permite el suministro de agua y electricidad.
Se solicitó, por lo tanto, una mesa de diálogo compuesta por las administraciones afectadas, los vecinos y colectivos sociales.
Según explicó Javier Baeza, sacerdote de la parroquia de San Carlos Borromeo, en Entrevías, el técnico de Urbanismo les explicó el martes que hay otras 30 órdenes de derribo pendientes.