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Precampaña al límite de la ley 

PP y PSOE han abierto una dura precampaña electoral sin límites, al borde de la ley y, en algunos casos, asomando una patita al otro lado de la puerta, con acusaciones que de ser verdad tendrían que borrar del mapa político a más de uno y de ser mentira también.

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Los argumentos de las últimas ruedas de prensa rozan el delito. Bajo el paraguas del debate preelectoral se han vertido comentarios que lindan las acusaciones por prevaricación. El chupinazo lo pegó Antonio Martínez Caler hace dos semanas cuando desveló que el portavoz del PP en Diputación, Antonio Granados, había ocultado una VPO en su declaración de bienes. Sin medirlo, el presidente de la Diputación se llevaba por delante a varios de los suyos, que también tenían algún 'desliz' en sus declaraciones.

La polémica ha dado tantas vueltas que ha terminado salpicando sin comerlo ni beberlo a la eurodiputada Francisca Pleguezuelos y a la consejera de Justicia, María José López. Son vecinas de lo que el PP ha bautizado como la 'Rusia chica', dos bloques del Serrallo construidos por Emuvyssa hace una década y habitado por algunos altos cargos socialistas. Hasta ahora lo único que se ha demostrado es que varios militantes socialistas viven allí, pero no que adquiriesen los pisos de manera irregular.

Ha habido, tanto en el PP como en el PSOE, quien ha ido por libre en este entuerto. Se han destapado temas tabú -el de las VPO de Visogsa era de los de 'niño eso no se dice, niño eso no se toca'- y se ha pasado página a pactos no escritos que funcionaron durante años.

El arrojo ha podido más que la estrategia. Cuando Martínez Caler lanzó la ofensiva del patrimonio muchos en su partido desconocían la historia. Cuando Granados planteó la comisión de investigación en el Ayuntamiento, a sus compañeros concejales les pilló de imprevisto.

La precampaña está en este momento al rojo vivo. Unos y otros se lanzan acusaciones personales y amenazan con acudir a los tribunales. A los juzgados tendrá que asistir el próximo miércoles Eva Martín, número dos del PP en la lista al Parlamento, por acusar al jefe superior de la Policía en Andalucía Oriental de aplicar una 'doble vara de medir' en sus investigaciones. No es la única imputada que figura en los puestos de salida al Congreso o al Parlamento. Le acompañan otras dos imputadas: Rocío Palacios (PSOE) y Carmen Lidia Reyes (PP).

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