La SIP dijo estar preocupada por las 'manifestaciones hostiles particularmente hechas por miembros de los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela, lo que en muchos casos ha motivado agresiones físicas y amenazas contra los comunicadores'.
En una reunión celebrada hoy en Miami, el Comité Ejecutivo de la SIP remarcó la necesidad de que los Gobiernos respeten la libertad de prensa y de expresión, y criticó las declaraciones de funcionarios que 'hostigan a los periodistas' y los califican de 'desestabilizadores' del sistema democrático.
El presidente de la SIP, Earl Maucker, dijo que es necesario 'profundizar la democracia' y para ello instó a los Congresos de Guatemala, Brasil y Chile a que aprueben leyes de acceso a la información pública.
Asimismo, Maucker hizo votos para que se reanuden los debates en Argentina y Paraguay en torno a la 'apertura y transparencia estatal'.
Instó a los países que ya cuentan con esas leyes -Canadá, Ecuador, EE.UU., Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú y República Dominicana- a que las perfeccionen y eduquen a los ciudadanos sobre cómo utilizarlas.
En cuanto a Cuba, después de analizar los cambios políticos y la 'mayor apertura económica' emprendida por el gobierno cubano, la SIP concluyó que 'son insuficientes'.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín, indicó que 'si el gobierno de Cuba quiere ser tomado en serio, debe empezar por liberar a los 25 periodistas independientes que mantiene presos, así como al resto de los presos de conciencia, y permitir el libre desplazamiento de los periodistas por todo el territorio nacional'.
Marroquín, director del diario guatemalteco Prensa Libre, dijo que 'este pedido debe ser una responsabilidad de todos los gobiernos democráticos del mundo. Es intolerable que en nuestras Américas haya periodistas encarcelados, muchos de ellos en delicado estado de salud'.
El Comité Ejecutivo también resaltó el peligro que significa para la democracia el incremento de medios de comunicación en poder del Estado.
En ese sentido, mostró su preocupación por los nuevos medios creados en Bolivia y Venezuela y por la toma de posesión de otros en Ecuador sin 'que hasta el momento se haya dado a conocer la intención del Gobierno sobre la propiedad de los mismos'.
La SIP, asimismo, pidió mayores esfuerzos para investigar los crímenes contra periodistas.
En este trimestre fueron asesinados César Raúl Rodríguez Coronel, en Ecuador; Pierre Fould Gerges y Javier García, en Venezuela; Jorge Mérida Pérez, en Guatemala; Eliecer Iván Santa María Ríos, en Panamá; Teresa Bautista Flores y Felicitas Martínez, en México, y Carlos Quispe Quispe, en Bolivia.
Como aspectos positivos destacó la captura de los presuntos asesinos de César Raúl Rodríguez Coronel y Carlos Navarrete, de Ecuador, y la eficiencia en los procesos judiciales en Perú de los casos de los periodistas Alberto Rivera Fernández y Antonio de la Torre Echeandía, y de Miguel Pérez Julca.
También acentuó como positivo 'la disposición del Presidente de México, Felipe Calderón, de enviar al Congreso un proyecto de reforma constitucional que contemple la federalización de los delitos contra periodistas'.
Con respecto a la publicidad oficial, la SIP reclamó a los gobiernos centrales y locales en varios países que no sigan utilizándola para premiar y castigar a los medios de comunicación.
Puso énfasis en el caso de Nicaragua, donde el gobierno del presidente Daniel Ortega 'otorga el 80 por ciento de la publicidad oficial al Canal 4 y a una empresa de vallado en la vía pública, ambas manejadas por miembros de su familia'.
En ese sentido, la SIP denunció 'comportamientos discriminatorios de parte de los gobiernos de Bermudas, Guayana, México, Uruguay y Venezuela, insistiendo en que es necesario que se establezcan criterios técnicos, objetivos y transparentes para el otorgamiento de los anuncios'.
En relación con los procesos electorales en la región, la SIP mostró preocupación por las restricciones informativas ordenadas por jueces, particularmente en Brasil.
Con respecto a Uruguay, manifestó satisfacción porque el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para la derogación de la figura de desacato y la modificación de los delitos de difamación e injurias.