'En esta sentencia se ha establecido la relación directa con el Servicio de Inteligencia y cómo estas acciones derivaban de una política gubernamental de guerra contrasubversiva', declaró hoy en rueda de prensa el director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo.
La Primera Sala Anticorrupción de Perú condenó ayer al general retirado Julio Salazar Monroe, ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), a 35 años de cárcel por la muerte de 10 personas el 18 de julio de 1992, a manos de integrantes del grupo militar encubierto Colina en la universidad de La Cantuta.
Aunque Salazar Monroe no participó directamente en los hechos, fue condenado al considerarlo 'autor mediato', la misma acusación que se dirige al ex presidente Fujimori en su megajuicio, por lo que esta sentencia sienta un precedente.
Otros tres integrantes del Colina fueron condenados a 15 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada.
Como señaló la abogada de APRODEH, Gloria Cano, es la primera vez que se condena, fuera del feudo militar, a integrantes de Colina, además de 'confirmar que el grupo estaba dentro del SIN y que la acción de La Cantuta fue una respuesta al atentado de Tarata', uno de los mayores golpes de Sendero Luminoso en la capital peruana que mató a una veintena de personas en 1992.
La sentencia también desmiente la idea de que los fallecidos tenían relación con dicho atentado, una cuestión que se presentó en varios momentos del juicio.
'Creemos fundamental el hecho de que, en uno de los hechos probados de la sentencia se dice que, es totalmente improbable que nuestros familiares fueron responsables de Tarata e ingresaran esa noche a La Cantuta heridos', explicó Gisela Ortiz, hermana de Luis Ortiz, uno de los asesinados.
Según versión del Ejército, algunos de los subversivos que atentaron en la calle Tarata, volvieron heridos a un local dentro de la referida universidad que funcionaba como tópico para ser atendidos.
Para Ortiz, con esta sentencia se abre un 'camino para la justicia plena' que buscan los familiares, y además se recuerda al Estado peruano la obligación de colaborar en la búsqueda de los restos de las víctimas.
'De la cantidad de restos que tenemos ahora nos dicen que no son más de cinco personas, por lo que faltan otros cinco (...) por lo que todavía no hemos podido enterrarlos', añadió Ortiz.
Javier Torres, director de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, afirmó que la sentencia muestra que 'la justicia peruana está transitando por un nuevo derrotero en los derechos humanos, después de años de oídos sordos'.
'Como el 5 de abril (día del golpe de Estado de Fujimori en 1992) es una fecha infausta para la democracia y la justicia en Perú, el 8 de abril será recordado hacia adelante como una fecha fundamental en la lucha por la verdad y la justicia y en contra de la impunidad', añadió Torres.