Unos 400 funcionarios públicos venezolanos, la mayoría opositores, fueron inhabilitados e impedidos de presentarse a elecciones por la Contraloría General, luego de que esta detectara que incurrieron en supuestas irregularidades administrativas durante el ejercicio de sus cargos.
Esa medida es rechazada por la oposición, que argumenta que la Contraloría no está facultada legalmente para ordenar la inhabilitación de un funcionario público, algo que solo puede decidir una 'sentencia firme' del Tribunal Supremo de Justicia.
El secretario general del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Gerardo Blyde, consignó un escrito ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que argumenta que impedir que los inhabilitados sean candidatos 'violaría el derecho fundamental que tienen los ciudadanos a elegir'.
Blyde dijo a los periodistas que los rectores del Poder Electoral deben rechazar esa propuesta que, aseveró, está incluida en un Reglamento de Postulaciones que el CNE discutirá la próxima semana, de cara a los comicios regionales y municipales del próximo 23 de noviembre.
'Esta norma viola la Constitución. La norma constitucional es muy clara, se necesita tener una sentencia judicial firme, no administrativa, no de la Contraloría, para poder inhabilitar' a un funcionario, sostuvo el dirigente opositor.
Según el ex diputado y experto constitucionalista, los rectores del organismo autónomo de comicios 'tienen la obligación de controlar la constitucionalidad de sus actos', por lo que deberían rechazar la propuesta de impedir a los inhabilitados postularse a elecciones.
'Pretende la consultoría jurídica del CNE que los rectores (del organismo de comicios) al aprobar las normas (de Postulaciones) ponga su voto a favor de no pronunciarse sobre algo (el asunto de las inhabilitaciones) que es obligación del Poder Electoral', explicó Blyde.
Alertó, además, que si los directivos del Poder Electoral 'no se pronuncian' negativamente sobre el caso de los inhabilitados, ello 'acarrea responsabilidad directa y personal de cada uno'.